En dos meses de 2018: 47 muertos, 20 heridos y 90 fugas en las cárceles venezolanas

Mar 6, 2018 9:03 am

Publicado en: Destacados, Nacionales, Sucesos

EFE /ARCHIVO/CRISTIAN HERNÁNDEZ

El 22 de enero de este año, los presos de El Rodeo II iniciaron una huelga de hambre para protestar en contra de los maltratos físicos, la mala alimentación, la insalubridad, el constante irrespeto a los familiares. Además, exigían la celeridad de los procesos judiciales y la presencia inmediata de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela.

En esa oportunidad, más de 2.000 reclusos alzaron su voz para exigir el respeto a sus derechos humanos, pero la única respuesta que recibieron fue el traslado de al menos 300 hombres que hasta la fecha sobreviven en cárceles tan lejanas como El Dorado, donde por el alto costo del transporte reciben muy pocas, por no decir ninguna visita de sus familiares.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), destacó que durante los primeros 52 días del año 2018 se ha evidenciado el colapso del sistema penitenciario en las cárceles venezolanas, por lo que temen que este año supere en cifras negativas al 2017.

Solo en el mes de febrero se registraron 13 muertes violentas, 5 heridos, y 40 fugas. Esto se traduce en que solo durante los primeros dos meses del año 2018, se reportan un total de 47 muertos, 20 heridos, 1016 presos en huelga de hambre por el respeto a sus derechos humanos, 74 en huelga de sangre, y una preocupante y elevada cifra de 90 reclusos que se han fugado de las cárceles y Centros de Detención Policial.

Como se recordará, Prado informó que el año pasado hubo un incremento del 30%, en comparación con el 2016, en cuanto a las muertes por hechos de violencia, paro cardíaco, VIH/Sida, tuberculosis y desnutrición. “El Estado venezolano debe ofrecer respuestas inmediatas sobre el derecho a la vida de todos los presos, y como evidentemente no lo ha hecho, entonces está incurriendo en la omisión de no garantizar el derecho a la salud de estas personas. No proveer medicinas y alimentos a los presos es ayudarlos a morir “, sentenció.

“Las cárceles en Venezuela son un verdadero infierno. ¿Cómo se puede garantizar la reinserción social si los presos no tienen acceso a lo más básico? Los privados de libertad sobreviven con hambre y miseria. Es peor de lo que cualquiera se puede imaginar”, recalcó el director del OVP, al referirse a la situación en El Rodeo II.

Días más tarde, el 30 de enero, los presos de la Comunidad Penitenciaria de Coro, conocido como “El Cebollal”, también iniciaron una huelga de hambre porque tenían cuatro meses sin recibir alimentos por parte de sus familiares. Así es como eran sometidos a una dieta de arroz blanco una sola vez al día, y dos si acaso tenían suerte.

Los deudos informaron que dentro de los calabozos hay muchos hombres con síntomas de desnutrición, incluso tantos que ya perdieron la cuenta. “Para nadie es un secreto la crisis económica y abastecimiento alimentario por la que atraviesa el país. Si no tienen para mantener este tipo de régimen, exigimos que lo eliminen y permitan el acceso de alimentos por parte de nuestras familias”, señalaron los presos en un comunicado.

En documento también denunciaron maltratos físicos por parte de los custodios, además de recibir burlas por la alimentación que reciben. “Nos muestran la comida en tono de burla, jugando con el hambre y desespero de nosotros”, puntualizaron los reclusos en huelga de hambre, quienes exigían la presencia de la ministra, la destitución de la actual directiva del recinto, traslados a los penales de origen, celeridad en los procesos judiciales y el suministro de todo tipo de alimentos.

El lunes 5 de febrero, 83 reclusos del Centro de Formación del Hombre Nuevo “Simón Bolívar”, mejor conocido como el antiguo anexo de La Planta en Caracas, denunciaron la constante violación a sus derechos humanos, por lo que redactaron un comunicado que fue entregado por los familiares en el Observatorio Venezolano de Prisiones.

En ese sentido, los presos extranjeros denunciaron el incumplimiento de tratados internacionales que han sido avalados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

En tanto, denunciaron que en muchos casos son obligados a profesar una religión o ideología política distinta a la que profesaban en sus países de origen. También aseguraron que la educación que reciben dentro del penal, o quizás algún trabajo que puedan ejecutar, no son adecuados para garantizar su reinserción en la sociedad, así como tampoco reciben un tratamiento individualizado de acuerdo a sus necesidades y experiencias.

Las condiciones de hacinamiento en el anexo de La Planta, que fue reinaugurado el año pasado, son iguales a las del resto de los penales, pues los presos aseguran que las celdas no tienen ventilación, así como tampoco tienen las condiciones adecuadas para su rutina de higiene personal.

“Si antes nos sentíamos mal por estar privados de libertad, ahora ya hemos perdido hasta nuestra dignidad como seres humanos. Hemos sido sometidos al abandono y la desidia, tanto así que muchos han pensado en suicidarse, incluso hemos notado el comportamiento extraño de los que están aislados desde hace más de un mes. Hasta los animales tiene derecho a ser visitados en sus jaulas ¿Por qué nosotros no?”, puntualizaron los presos extranjeros en su comunicado.

Asimismo, el pasado 14 de febrero, se registró un motín en el Complejo Judicial de Carabobo conocido como la Mínima de Tocuyito, donde la población penitenciaria tomó como rehenes a Alexander Tirado, Juan Poletti, Antonio Garbi y Jesús Albi, presos políticos que permanecen detenidos en ese penal, y a 50 custodios.

Los presos exigían traslados a cárceles abiertas como Tocorón, pues aseguran que se están muriendo de hambre y están hartos del maltrato de los custodios, y de cumplir con las inhumanas rutinas de Orden Cerrado bajo el inclemente sol, donde además son obligados a gritar consignas a favor del Gobierno de turno.

Pocas horas después, el 15 de febrero, familiares de los presos y usuarios de las redes sociales denunciaron un presunto motín en las instalaciones de la cárcel 26 de julio, en San Juan de los Morros. Los deudos se mostraron preocupados por los gritos que escuchaban desde el interior y porque además del suspendieron la visita sin previo aviso.

Allí también tomaron como rehenes a Roimar Rojas y Wilmer Azuaje y dos militares, quienes también son presos políticos. Odalys Bermúdez, hermana del Sargento Bermúdez, relató que vieron salir una ambulancia y que hay rumores de heridos, pero los custodios solo se limitaron a decirles que “estaban en contingencia”.

“Pedimos que los trasladen, nuestros familiares han recibido amenazas de muerte en el centro penitenciario”, concluyó la hermana del Sargento Bermúdez a Efecto Cocuyo. “Es un efecto dominó en estas cárceles donde rige el nuevo régimen penitenciario. La ministra quiere imponer la máxima disciplina, que hasta ahora no entendemos a que se refiere, pero suena a castigo y maltrato. En todos los casos reclaman por traslados, mala alimentación y maltratos ¿se atreverían a decir que se trata de una casualidad”, puntualizó Prado, quien se mantiene en contacto permanente con los familiares para denunciar de manera objetiva y puntual sobre las constantes violaciones a los derechos humanos en las cárceles venezolanas.

Un preso casi se muere por comerse dos ratas para solapar el hambre

Tras sufrir un cuadro de desnutrición severa, además de una obstrucción intestinal, faltó poco para que Manuel Alejandro Mago Coraspe no viviera para contarlo. El preso fue trasladado hasta el Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar desde la cárcel de Vista Hermosa, donde cumple una condena por robo.

Según el relato del propio Manuel Alejandro, se vio obligado a comerse dos ratas que encontró en el penal para apaciguar el hambre. Incluso, confesó que no es la primera vez que lo hace porque desde hace varios meses no tiene más nada que comer.

“Ya me había acostumbrado a comer ratas, rata que veía, la componía y me la comía”, contó el recluso, quien aseguró que las últimas dos ratas que ingirió las encontró muertas en un basurero de la cárcel. Cabe destacar que, según su propio relato, las que había comido antes, las capturaba vivas y luego las mataba, por lo sentía seguridad de que no habían sido envenenadas.

“Las encontré en el basurero y las cociné, tenía mucha hambre. Y después a los días fui sintiendo la debilidad, pero no pensé que esto llegaría tan lejos. Esas ratas casi me llevan a la muerte”, sentención Manuel Alejandro. Según el diagnóstico de los médicos, los huesos del roedor fueron los que le causaron la obstrucción intestinal, cuyas consecuencias fueron sangrado y debilitamiento.

Tal como informamos con anterioridad y como consecuencia de la falta de políticas efectivas en materia penitenciaria, además del traslado arbitrario de reclusos a escala nacional, Manuel Alejandro cumple ocho meses sin recibir alimentos de sus familiares, pues es oriundo de Cumaná en el estado Sucre y sus deudos no tiene la capacidad económica para viajar con frecuencia a visitarlo.

Mientras tanto, un recluso identificado como Yordano José Luzardo Parra, de 32 años, resultó asesinado dentro del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental Lago, en el estado Zulia, donde estaba recluido desde el 2015.

A Yordano lo colgaron de una soga y posteriormente lo decapitaron dentro del pabellón donde convivía con otros reclusos. En este mismo retén, el 13 de febrero, reportaron el fallecimiento de dos internos en un hecho sin esclarecer, donde aparentemente resultaron heridos cinco custodios.

Entre los fallecidos, también destacan dos internos del Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, quienes resultaron abatidos cuando intentaban fugarse tras violar la zona de seguridad entre las garitas 7 y 8. Al parecer, los reos intentaron despojar de su arma orgánica al sargento que se encontraba al servicio de la garita número 8, quien les efectuó un disparo en el área abdominal, lo que además generó que los presos que se encontraban en la parte interna del penal atacaran a los efectivos a tiros.

En tanto, el medio Caraota Digital dio a conocer que al momento de verificar por el sistema de capta huella del registro y control de ingreso y salida de internos, los reclusos no registraban.

Entre el 14 de febrero y el 15 de febrero, también en el retén de Cabimas, fallecieron Alberto Avendaño Peñaranda, de 40 años, y Ángel Urdaneta Montiel, de 55 años, quienes padecían de tuberculosis. Se conoció que Avendaño estaba privado por el delito de abuso sexual, mientras que Urdaneta Montiel fue procesado por robo agravado.

Enero fatídico

Según cifras obtenidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en el primer mes de año se repostaron 13 muertos, 5 heridos, 1016 presos en huelga de hambre para protestar en contra de la constante violación a sus Derechos Humanos, otro 74 en huelga de sangre y 50 fugas.

Tal como informó Prado en esa oportunidad, el 4 de enero se fugaron seis presos tras violentar los barrotes de la Policía Municipal de San Joaquín, en el estado Carabobo. Al parecer, los reclusos fugados se encontraban en el calabozo número cuatro y los policías se percataron de la fuga cuando efectuaban el conteo diario.

En tanto, el 5 de enero, se reportó el fallecimiento de Félix Guzmán (23) y Miguel Antonio Lanz (21), quienes resultaron asesinados durante una riña entre presos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, estado Bolívar. Guzmán recibió varias puñaladas y golpes en diferentes partes del cuerpo; mientras que Lanz recibió golpes que lo dejaron sin vida en el sitio.

Ese mismo día, murió Carlos Eduardo Patiño en el Internado Judicial de Vista Hermosa. El cadáver fue ingresado a la morgue del Hospital Universitario Ruiz y Páez, y al parecer la causa de muerte es múltiples quemaduras en todo el cuerpo.

En el mes de enero también se registró un intento de fuga en el Centro de Coordinación Policial Francisco de Miranda; mientras que el hacinamiento en los calabozos de la Policía Municipal de Barinas generó una revuelta que dejó un saldo de dos muertos, a quienes presuntamente los ahorcaron el resto de los reos.

El 20 de enero, un grupo de 16 detenidos de Acarigua que permanecen en los calabozos de la Comandancia General en Guanare iniciaron una huelga de hambre. Los reclusos denunciaron que en el penal no les dan ningún tipo de alimentos, y sus familiares están muy lejos para llevarles comida a diario, aunado al alto costo del transporte.

El miércoles 24 de enero, los funcionarios de la Policía Municipal Bolivariana de Sotillo encontraron el cadáver de Aldo José González (30), quien presentaba hematomas en ambos brazos y el cuello.

El 25 de enero, tres muertos y cinco heridos fue el saldo de una trifulca en el Centro de Coordinación Policial en El Tigre, al sur de Anzoátegui. El hecho se registró en horas de la madrugada y se trató de una riña entre las bandas de “Los Sardineros” y “El Badua” por el control de los calabozos.

Los días 30 y 31 de enero, se registró la fuga de 12 reos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de San Cristóbal, de los cuales recapturaron a dos; y uno de alta peligrosidad en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara. Los fugados estaban procesados o penados por robo genérico, robo de vehículo, porte ilegal de armas de fuego, entre otros delitos.

Un día antes de estas evasiones, en la ciudad de Acarigua de Portuguesa, un grupo de detenidos se amotinaron en las celdas de detención preventiva de la Policía del Estado Portuguesa que están dentro del Centro de Coordinación Policial José Antonio Páez.

También se identificó el cadáver de Darwin Antonio Cabeza Bonilla, quien se encontraba en los calabozos del Centro de Coordinación Policial El Viñedo en Anzoátegui, luego de ser trasladado desde la ciudad de Puerto La Cruz. Otros internos objetaron que estuviera allí y aparentemente ellos lo ahorcaron.

Por último, se conoció del fallecimiento de un procesado por homicidio calificado, quien se encontraba preso en un calabozo del Cicpc en el estado Falcón. Vilys Adrián Chirinos Leal (32) aparentemente sufría de tuberculosis y estaba privado de libertad desde junio del año pasado por un doble homicidio cometido en complicidad con su hermano.

Humberto Prado Sifontes

Director General del Observatorio Venezolano de Prisiones

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